El pasado 4 de julio, la Casa Blanca publicó un informe de 162 páginas en el que acusa a la Institución Smithsonian de incurrir en un “activismo político extremo” y de presentar una “visión radical de la historia estadounidense”. Fundado en 1846 en Washington, D. C., el Smithsonian es el complejo de museos, educación e investigación más grande del mundo, con más de 150 millones de objetos distribuidos entre sus museos, centros de investigación y el Zoológico Nacional.

El documento afirma que la directiva del Museo Nacional de Historia Americana (NMAH) adoptó un enfoque ideológico que deja de tratar la historia del país como una herencia compartida para convertirla en un instrumento divisivo. Además, califica ciertas exhibiciones de promover un activismo “anti-blanco”, “transgénero” y favorable a la migración no regulada. Ante ello, un vocero del Smithsonian respondió a ABC News reafirmando el compromiso institucional con la imparcialidad: “Durante más de 180 años, el Smithsonian ha servido al público estadounidense con investigación independiente y no partidista, y mantenemos nuestro compromiso de seguir haciéndolo”.

La controversia escaló el pasado 24 de julio, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye la implementación de diversas medidas relacionadas con las conclusiones del informe, entre ellas la colocación de señalización en el Museo Nacional de Historia Americana para advertir a los visitantes sobre el supuesto sesgo ideológico de algunas exhibiciones. La decisión trasladó el debate del terreno discursivo al de la política pública y reavivó la discusión sobre la autonomía de las instituciones culturales.

En agosto de 2025, el presidente Donald Trump ya había expresado una postura similar en sus redes sociales: “Los museos en Washington y en todo el país son, esencialmente, el último segmento ‘woke’ que queda. El Smithsonian está fuera de control: todo lo que se debate es lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y lo poco que han logrado los oprimidos. Nada sobre el éxito, nada sobre el resplandor, nada sobre el futuro (…)”.

Sin embargo, la labor académica de estas instituciones implica abordar episodios como la esclavitud, la segregación, las desigualdades o las luchas por los derechos civiles a partir de investigación histórica y evidencia documental. El propósito de incorporar estos procesos no consiste únicamente en registrar acontecimientos del pasado, sino también en comprender las transformaciones que han configurado las sociedades contemporáneas. Examinar estos episodios permite contextualizar los avances históricos, las reformas legales y la ampliación de derechos que les sucedieron. Al fin y al cabo, toda interpretación del presente parte del conocimiento del camino recorrido.

La publicación continúa con: “No vamos a permitir que esto suceda, y he instruido a mis abogados para que revisen los museos y comiencen exactamente el mismo proceso que se ha llevado a cabo con los colegios y universidades, donde se han logrado enormes avances. Este país no puede ser ‘woke’, porque lo ‘woke’ está en la ruina. Tenemos el país más vibrante del mundo y queremos que la gente hable de ello, incluidos nuestros museos”. El recurso a medidas administrativas y legales para intervenir instituciones culturales plantea preguntas sobre la independencia del trabajo historiográfico y sobre los límites entre la supervisión gubernamental y la autonomía de las instituciones encargadas de preservar e interpretar el patrimonio.

La discusión, en realidad, invita a preguntarse qué criterios permiten distinguir entre investigación histórica y activismo político dentro de un museo. Estas instituciones no solo conservan colecciones; también interpretan procesos históricos a partir de evidencia documental, investigación especializada y debates académicos que evolucionan con el tiempo. Esa tarea implica revisar narrativas previamente aceptadas, incorporar nuevas fuentes y ampliar las perspectivas desde las que se estudia el pasado. El Smithsonian no constituye una excepción. 

Desde hace varias décadas, museos nacionales en Europa, América y otras regiones han incorporado temas como la esclavitud, el colonialismo, la segregación, la migración o la situación de los pueblos indígenas porque forman parte de los procesos históricos que buscan explicar. La incorporación de estos temas, por sí misma, no constituye una prueba de activismo político. La valoración depende de las interpretaciones que ofrecen las exhibiciones, de las fuentes en las que se sustentan, de la pluralidad de perspectivas que incorporan y del rigor con el que presentan la evidencia. Precisamente esos son algunos de los principios que organismos internacionales como el Consejo Internacional de Museos (ICOM) consideran fundamentales para el trabajo de los museos contemporáneos.

En ese contexto, la controversia rebasa el caso del Smithsonian y plantea una pregunta de fondo sobre el papel de los museos nacionales. Estas instituciones resguardan el patrimonio material de un país, pero también participan en la construcción de su memoria pública. Su legitimidad no depende de confirmar una narrativa determinada, sino de que sus interpretaciones puedan sostenerse en evidencia verificable, investigación especializada y debate académico. El verdadero desafío consiste en distinguir entre una interpretación históricamente fundamentada y una postura ideológica, una tarea que exige evaluar el método con el que se construyen los discursos museográficos antes que los temas que deciden abordar. Desde esa perspectiva, la controversia actual trasciende un caso particular y abre una discusión sobre la independencia intelectual de las instituciones culturales y los criterios con los que la sociedad juzga su trabajo